Miembros de la Policía Judicial Federal (FGP), bajo las órdenes de la Inspección de Trabajo y Vivienda de Bélgica, ha llevado una importante operación contra el ‘dumping social’ en el transporte de mercancías por carretera. Fruto de este operativo, los agentes han incautado un total de 18 camiones a una empresa en la localidad de Geluwe, en el Flandes Oriental. Esta compañía, de la que no se ha revelado el nombre, tendrá que hacer frente a multas de más de 40.000 euros de manera inmediata.

El ‘dumping’ social es una de las grandes lacras del transporte de mercancías por carretera en toda Europa y así ha quedado patente con las prácticas llevadas a cabo por esta compañía, todas vinculadas a las ‘ventajas’ del concepto de empresa buzón. De hecho, la compañía de transportes investigada tenía su domicilio fiscal en Lituania, Estonia y Polonia, condición que aprovechaba para contratar a conductores de Kirguistán, Ucrania y Bielorrusia, profesionales que tenían que convivir con condiciones laborales y de vida lamentables.

De hecho, durante la intervención de la Policía Judicial Federal de Bélgica no sólo se han incautado 18 camiones, sino que se han podido ver las lamentables condiciones que tenían que soportar los 28 conductores contratados por la empresa. No obstante, los chóferes vivían en casas insalubres y completamente acinados, condiciones que provocaban incidentes entre los propios camioneros. Las denuncias de los vecinos de Geluwe alertaron de este hecho y sirvieron para iniciar esta investigación contra del ‘dumping social’.

El ‘dumping social’ y las irregularidades en la contratación de los chóferes o en el propio desarrollo de la actividad -salario, horas de conducción y descanso- no son los únicos delitos de los que ha sido acusada esta empresa. De hecho, en la inspección de los tacógrafos de los camiones se encontraron distintas manipulaciones que permitían circular a mayor velocidad de la permitida o falseaban los tiempos de conducción y descanso. Fruto de este gran número de irregularidades, además de a la incautación de los 18 camiones, la empresa se enfrenta al pago de multas por valor de 40.000 euros antes del inicio del proceso judicial.