Aumentan bonificaciones en peajes gallegos, pero el conflicto por la gestión de la AP-9 persiste

El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó las nuevas bonificaciones en los peajes de las autopistas gallegas AP-9 y AP-53, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. Entre las medidas destacan descuentos del 50% para vehículos pesados y una bonificación similar por recurrencia para vehículos ligeros, incluidas furgonetas y turismos, que realicen más de 20 trayectos mensuales por el mismo tramo con telepeaje. Además, seguirá vigente la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y la vuelta gratuita dentro de 24 horas tras el viaje de ida.

Incremento anual de los peajes y la controversia europea

Como cada Año Nuevo, los usuarios de la AP-9 enfrentarán un aumento del peaje, que este año será del 4%, un punto por encima del IPC, tal como estipula la concesión otorgada a Audasa hasta 2048. Sin embargo, esta prórroga sigue bajo la lupa de la Comisión Europea, que cuestiona su legalidad por presunta vulneración de la libre competencia. En caso de declararse nula, el Ministerio de Transportes podría optar por rescatar la autopista, volver a licitarla o eliminar el peaje.

En las carreteras autonómicas AG-55 y AG-57, gestionadas por la Xunta, las tarifas también subirán según el IPC, aunque en muchos tramos los incrementos no superarán los cinco céntimos.

Bonificaciones en vigor y críticas del sector transporte

Las bonificaciones actuales continuarán en 2025, incluyendo:

  • Descuento por retorno en 24 horas: 25% en el primer viaje de vuelta y 50% en los siguientes (excepto domingos y festivos).
  • Bonificación nocturna: 50% en trayectos realizados entre la medianoche y las 6:00 a.m.

A pesar de estas medidas, la Asociación Vieiros, integrada en Fenadismer, considera que los descuentos son insuficientes para las pymes y autónomos del transporte pesado. Critican que el 50% de bonificación no fomenta suficientemente el uso de autopistas entre transportistas, que seguirán optando por carreteras convencionales para trayectos no urgentes. Además, señalan que las bonificaciones uniformes no atienden las particularidades de movilidad en Galicia, como el acceso a infraestructuras portuarias y zonas empresariales.

La demanda de traspaso de competencias de la AP-9

El traspaso de la gestión de la AP-9 a la Xunta sigue siendo una reivindicación histórica del Gobierno gallego y del Parlamento de Galicia, que ha solicitado este cambio de manera unánime. Sin embargo, el Gobierno central se muestra reticente, argumentando que la AP-9 forma parte de la red estatal y cumple un rol estratégico como corredor internacional y de interés general.

Desde Galicia se insiste en que la autopista es fundamental para la movilidad interna, actuando como eje vertebrador norte-sur de la fachada atlántica. Más del 70% de los usuarios son residentes gallegos, lo que refuerza la idea de que una gestión autonómica permitiría diseñar políticas más adaptadas a las necesidades locales, priorizando la seguridad vial y el desarrollo económico.

En resumen, mientras el Gobierno central argumenta que la AP-9 debe seguir bajo control estatal por su relevancia internacional, desde Galicia se reclama la descentralización de su gestión para optimizar las bonificaciones y responder mejor a las necesidades del territorio.

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