Quince asociaciones vinculadas al mundo del transporte y la automoción, entre las que están ASTIC y CETM, han publicado una misiva advirtiendo que la exclusión del motor de combustión del transporte para 2035 hará que la transición energética sea ineficiente e incompleta. Decisiones de este calado sólo harán que las empresas y autónomos dedicadas al transporte ligero tengan serias dificultades para completar esta transición en un escenario en el que se pueden contemplar alternativas como el uso de combustibles ecológicos que pueden también reducir las emisiones de carbono.

La propuesta de la Comisión Europea para crear un Reglamento de Estándares de Eficiencia de Vehículos Ligeros, incluida en el paquete legislativo ‘Fit for 55’, estipula el objetivo de reducir al 100% las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas para 2035. Una medida que supone en términos prácticos la prohibición de todo vehículo con motor de combustión interna. Medida altamente ‘agresiva’ con la realidad del sector del transporte ligero que supondrá la pérdida de empleos y afectará a las pymes y autónomos en mayor medida, al igual que a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables en el conjunto de la sociedad.

Una situación que denuncian en su misiva estas quince asociaciones, advirtiendo de las graves consecuencias sociales y económicas que supondrá esta medida. En la misma se señala que apostar por una única vía de descarbonización del transporte a costa de impedir el desarrollo de otras soluciones como los combustibles ecológicos supone atacar directamente la cadena de valor de la automoción en toda la Unión Europea. Además, en el ámbito social supone una dificultad añadida para empresas y ciudadanos a la hora de asumir los costes acelerados de renovación de infraestructuras y vehículos.

ACE, Aevecar, AOP, APPA Biocarburantes, ASTIC, ATliq, Bio-e, CEEES, CETM, Codigasoil, CONFEBUS, EWABA, FEDEPORT, SERNAUTO y UPI, las quince asociaciones firmantes, creen que el desarrollo de combustibles ecológicos es una opción perfecta para amortiguar el impacto de la transición ecológica y hacer menos agresivo el proceso para las pymes y autónomos, así como para los ciudadanos con rentas más bajas, colectivos vulnerables y residentes en zonas rurales. En la carta se pide a su vez una transición energética más justa e inclusiva, que tenga en cuenta a todos los sectores y colectivos.