La Asociación Nacional de Transportistas de Portavehículos (Transportave), organización que se encuentra bajo el paraguas de FENADISMER, ha puesto el foco en la grave situación que están viviendo los transportistas autónomos y empresas de este subsector. Los efectos de la pandemia de COVID-19 han sido doblemente perjudiciales para el millar autónomos y pymes dedicadas al transporte de portavehículos por las restricciones de movilidad, la paralización económica a nivel general y la posterior crisis de los microchips que ha alterado la actividad en la industria automotriz.
El transporte de mercancías por carretera ha vivido meses muy difíciles durante la fase más crítica de la pandemia de COVID-19. La exposición de los conductores y trabajadores de las empresas de transporte enfermedad durante el confinamiento, la paralización económica casi total y la lenta recuperación del sector ha sido algo común para toda la actividad. Sin embargo, el transporte portavehículos ha sumado a esta lista la crisis de los microchips que también ha afectado a la producción de coches.
Por este motivo, Transportave ha lanzado un ultimátum a las operadores logísticos y grandes flotistas exigiéndoles mejoras económicas y en las condiciones de trabajo ante la grave y difícil situación que atraviesan por la ralentización de la actividad en las fábricas de automoción por la escasez de microchips: «Estamos en una situación de angustia y agonía que sólo puede corregirse con el esfuerzo de todos los implicados, intentando mantener a flote a este sector que hace tiempo que viene sufriendo una muerte lenta«.
En su misiva, Transportave fija un plazo máximo de 15 días para llegar a un acuerdo que haga sobrevivir al sector. Algo que pasa por una mejora sustancial de las condiciones económicas para poder asumir la subida del Diésel, pero también por fijar un protocolo de actuación en las labores de carga y descarga de vehículos tanto en las fábricas como en los concesionarios, así como otros detalles aplicables a otras áreas del transporte profesional. En caso de no ver atendidas estas peticiones, el sector valora una posible paralización de la actividad en marzo.