El Gobierno de Aragón ha decretado el nivel 3 de alerta sanitaria con el objetivo de frenar el número de contagios por COVID-19 en la región. Un protocolo que determina distintas medidas, entre la que se encuentra la limitación del horario de apertura de bares y restaurantes hasta las 20 horas. Aunque el nuevo reglamento estipula que los establecimientos que se encuentran en áreas de servicio de carretera y polígonos industriales no están sujetos a esta limitación, el uso de estos establecimientos queda limitado.
De hecho, la administración regional obliga a los transportistas y trabajadores esenciales que quieran acceder a estos establecimientos a partir de las 20 horas a portar una declaración de responsabilidad desde que este martes 5 de enero de 2021. Un requisito que desde FENADISMER consideran desproporcionado e irracional a tenor de cómo se ha procedido durante la fase más crítica de la crisis sanitaria y que supone limitar la actividad del transporte de mercancías por carretera dentro de la situación extraordinaria que supone la pandemia.
Desde el Gobierno aragonés explican que el uso de esta declaración de responsabilidad para justificar la actividad realizada y poder acceder así a los establecimientos de restauración que están abiertos más allá de las 20 horas es una simple medida de control. El objetivo de la misma es evitar que personas ajenas a los servicios de transporte profesional de mercancías o sean trabajadores desplazados de su domicilio habitual aprovechen la apertura de estos establecimientos para su uso más allá del horario establecido.
Sin embargo, FENADISMER considera que esta medida supone aumentar la burocracia de forma innecesaria para los profesionales del sector del transporte de mercancías por carretera. Por eso, desde la asociación se pide que el transporte, así como otros sectores que están vertebrando el resto de actividad económicas del país, queden exentos de cualquier limitación o restricción del normal desarrollo de su actividad en cualquier horario. Y así se lo solicitarán al propio Gobierno de Aragón a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.