El Gobierno de Alemania está valorando cambiar las recomendaciones emitidas a los Estados Federales para regular los confinamientos de los chóferes profesionales que se dediquen de forma regular al transporte internacional. El objetivo del Ejecutivo germano es que los trabajadores que transportan mercancía a nivel internacional y que hayan estado en una zona de riesgo por más de 72 horas sean sujetos a arresto domiciliario por varias días, cumpliendo así un confinamiento que ahora no existe como tal al estar dentro de las exenciones contempladas.

La ejecución de estos confinamientos para los chóferes dedicados al transporte internacional que hayan estado en zonas de alta incidencia de COVID-19 puede suponer un duro revés para el sector. De hecho, las principales asociaciones de transporte, expedición y logística de Alemania ya han alzado la voz ante este posible cambio de rumbo. No obstante, modificar las exenciones actuales por confinamientos obligados tras retornar al país de zonas de alto riesgo por COVID-19 supondrá que las empresas se verán privadas de un gran número de trabajadores, lo que a su vez afectaría a los suministros y al abastecimiento general de la población.

En este aspecto, las asociaciones industriales AMÖ, BIEK, BGL, BWVL y DSLV han sido bastante críticas con este plan de acción del Gobierno y solicitan que los conductores dedicados al transporte internacional no estén incluidos en la normativa general que señala que cualquier ciudadano que retorna a Alemania desde una zona de riesgo en la que ha estado durante 72 horas debe cumplir con un confinamiento domiciliario. De hecho, una nueva versión de la ordenanza modelo para los Estados Federales sería un duro golpe para las compañías y los propios trabajadores en particular y para la economía alemana en general.

No obstante, cualquier conductor de transporte internacional que cumpla con la normativa referida a los tiempos de conducción y descanso pasará más de 72 horas en el Estado designado como zona de riesgo, por lo que todos los chóferes se verían sujetos a esta nueva normativa sin excepción a pesar de que su contacto con otras personas es relativamente bajo en el desarrollo de su actividad. Una circunstancia que desde el sector consideran inasumible, ya que una cuarentena de 10 días sería un freno para los transportistas extranjeros que ingresan en el país, creando distorsiones en la competencia si el modelo no es idéntico para conductores locales y extranjeros.