Pedro Sánchez ha anunciado en rueda de prensa este 29 de mayo la decisión de adelantar la celebración de las elecciones generales. Estas tendrán lugar el 23 de julio, lo que entre otras cosas supone la disolución de las Cortes Generales para empezar el camino hacia las urnas. Un movimiento que paraliza todos los proyectos que pudieran están en trámite parlamentario o cerca del mismo. Esto supone un nuevo foco de incertidumbre para el sector transporte, ya que hay tres leyes pendientes que afectarían a la actividad.

La nueva situación política supone en el ámbito del transporte y la logística la paralización de tres proyectos legislativos que prometían modificar la actividad. En primer término, está la Ley de Movilidad Sostenible, reglamento que ya había sido ralentizado en su paso por el poder legislativo. De igual forma, también queda en el aire la ley que iba a sustentar el pago por uso de las vías de alta capacidad. Si bien no había conformidad del sector transporte, el proyecto estaba ahí.

Con todo, el adelanto de los comicios generales afecta en mayor medida a la negociación y aprobación de la ley que iba a servir para modificar la normativa de pesos y dimensiones de vehículos de transporte de mercancías por carretera. Esta ley necesita trámite parlamentario y el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los responsables del Ministerio de Industria. Una situación que ahora mismo no se pueda dar con la cita electora del 23 de julio.

Aunque estos son los tres proyectos legislativos más sonados, hay otras muchas cuestiones que quedan en ‘stand by’ por esta decisión política. Por resolver queda el futuro de las ayudas al combustible y la posible prórroga que se podía conceder al transporte sobre las mismas. También se paraliza la negociación con los tres posibles aspirantes a socio del operador Renfe Mercancías. Por el contrario, hay cuestiones como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) cuya regulación seguirá en marcha por ser de competencia municipal.