El transporte de mercancías por carretera está de nuevo en una situación crítica. Tras reducir su actividad en un 50% durante los meses más graves de la pandemia de COVID-19, durante el Estado de Alarma, el sector se enfrenta a otra grave crisis coincidiendo con la segunda ola de la pandemia. Ante las nuevas restricciones en la movilidad y la actividad social y económica por el coronavirus, el transporte se enfrenta a un escenario con una nueva reducción de la actividad y una notable bajada de los precios.

Los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reflejan el inicio de esta tendencia, siempre asociada a la segunda ola de la pandemia de COVID-19. De hecho, con los inicios de las medidas para el control de virus y restricciones de la actividad se ha dado una caída del 18,9% en el volumen de mercancías transportadas en algunas regiones en la última semana. La sensación es que, si el país está en movimiento, el sector del transporte de mercancías por carretera está en movimiento.

Como ya pasó durante el Estado de Alarma, la reducción en la actividad dentro del sector del transporte de mercancía por carretera no es uniforme y sufre grandes variaciones según el sector. Así, por ejemplo, los transportistas y empresas que se dedican a la distribución de alimentos están teniendo un mayor volumen de trabajo, mientras que el transporte de algunas materias, bienes y productos, como pueden ser los asociados a la industria del automóvil, siguen una tendencia a la baja en el número de servicios.

Con todo, el sector al completo vuelve a sufrir los altibajos propios del inicio de la pandemia de COVID-19 con una reducción de la actividad, un aumento de los viajes de retorno en vacío y, por ende, de los costes. Con precios a la baja, desde el sector se pide a las administraciones que no eleven los impuestos al sector, que se mantenga las ventajas del gasóleo profesional y que se aparque cualquier tipo de proyecto para el pago por uso de las carreteras. Como es costumbre, el transporte también reclama la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad para reducir los plazos de pago.