CETM advierte al Gobierno sobre los efectos negativos de equiparar el impuesto del gasoil al de la gasolina

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha enviado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transportes y Movilidad un detallado informe en el que analiza las consecuencias que tendría para el sector del transporte de mercancías por carretera y la economía en general la equiparación del Impuesto sobre los Hidrocarburos (IIEE) del gasoil al de la gasolina.

El informe de la CETM pone de manifiesto que España ya cumple con los requisitos de la Directiva 2003/96/CE de la Unión Europea, que establece los mínimos impositivos para los carburantes. Actualmente, el gravamen aplicado al gasóleo en España es 49 euros por cada 1.000 litros superior al mínimo exigido por la normativa europea. Según el análisis de la patronal del transporte, la equiparación del impuesto supondría un aumento del 24,72 %, lo que excedería ampliamente lo necesario para cumplir con la legislación comunitaria.

Un impacto fiscal desproporcionado

El estudio de la CETM también resalta el considerable esfuerzo fiscal que ya soportan las empresas de transporte españolas, ubicándose entre los más elevados de la Unión Europea. Este incremento de impuestos no solo afectaría al sector, sino que también tendría consecuencias directas para el conjunto de la ciudadanía, ya que la mayoría de los bienes de consumo son transportados por carretera.

Una subida impositiva de esta magnitud provocaría un aumento significativo en los costes operativos de los transportistas, tanto de empresas como de autónomos. Como consecuencia, los precios de los productos y servicios que dependen del transporte de mercancías también se verían afectados, generando un encarecimiento generalizado en la economía. Dada la posición geográfica de España, la medida supondría un grave perjuicio para la competitividad de los productos españoles en los mercados internacionales.

Comparativa con otros países europeos

El análisis presentado por la CETM subraya que en 26 países europeos el impuesto sobre el gasóleo es inferior al de la gasolina, y en 12 de ellos esta diferencia es mayor que en España. Además, el gasóleo en el país se encuentra entre los más caros de Europa antes de impuestos, ocupando el octavo puesto en el ranking de precios.

Otro de los efectos negativos que la CETM prevé en caso de que se aplique la medida es el incremento de fugas de consumo de combustible hacia países vecinos como Portugal y Francia, donde los transportistas buscarían repostar a precios más bajos. Esto supondría una reducción significativa de ingresos fiscales para la Hacienda española, agravando los problemas económicos y reduciendo la capacidad recaudatoria del Estado.

El transporte y su contribución a la economía

El informe también destaca que el sector del transporte por carretera ya contribuye con más de 21.500 millones de euros anuales en impuestos directamente relacionados con el uso de las infraestructuras viales. Esta cifra, según la CETM, es suficiente para el mantenimiento de las carreteras sin necesidad de introducir nuevos gravámenes.

En este contexto, la CETM considera que la posibilidad de implantar peajes adicionales resultaría injustificable, ya que los transportistas estarían obligados a pagar dos veces por el mismo concepto: primero, a través del impuesto sobre el carburante, y después mediante los peajes.

Un llamamiento al Gobierno

Ante esta situación, la CETM insta al Ejecutivo a realizar un análisis riguroso antes de adoptar cualquier decisión en materia fiscal. La patronal del transporte advierte de que la equiparación del impuesto del gasóleo al de la gasolina podría suponer una carga insostenible para las empresas del sector, poniendo en riesgo su viabilidad y afectando gravemente al conjunto de la economía española.

La confederación hace un llamamiento al Gobierno para que tome decisiones equilibradas, evitando medidas que puedan dañar la competitividad del sector del transporte y la estabilidad económica del país. En este sentido, confía en que el informe remitido sirva para que el Ejecutivo reconsidere la propuesta y, finalmente, desista de su aplicación.

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