El Gobierno ha comenzado los estudios para “liberar” los 115 kilómetros de peaje de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que finalizan su concesión en cinco años, lo que significa que la decisión final la tomará el siguiente Gobierno. Este proceso forma parte del compromiso del Ejecutivo de liberalizar las autopistas a medida que sus contratos vayan venciendo. Las tres autopistas están gestionadas por Abertis, con el contrato vigente hasta noviembre de 2029.

El Gobierno ha adjudicado un estudio para definir cómo reconvertir estas autopistas en libres de peaje, ya que se espera un aumento de tráfico, especialmente pesado. Este incremento podría afectar a carreteras conectadas, como la N-6, N-603 y N-110, y obligar a realizar mejoras como nuevas estaciones de servicio, accesos, carriles adicionales, medidas contra el ruido, sistemas de transporte inteligente o aparcamientos para vialidad invernal.

El Ejecutivo ha ido reduciendo los kilómetros de peaje gestionados por concesionarias privadas, recuperándolos para gestionarlos con fondos públicos, con el fin de igualar la carga entre regiones. Algunas comunidades como Cataluña, Galicia o Valencia aún soportan el modelo de peaje, mientras que otras no. Además, existen doce tramos de autopistas en manos de la empresa estatal SEITT, correspondientes a concesiones quebradas.

Una vez que todos los tramos de peaje hayan vuelto al Estado, se abrirá el debate sobre cómo financiar las carreteras de alta capacidad sin que afecten las cuentas públicas. La tendencia en Europa es el modelo de pago por uso, una situación que en España se considera atípica, al menos por ahora.