Hace unos meses, el Tribunal de Justicia Europeo declaró ilegal el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos que se aplicó en el precio del gasóleo en España entre 2013 y 2018. Sin embargo, para que esta sentencia sea efectiva, el Tribunal Supremo debía pronunciarse. Su fallo ha generado sorpresa, pues ha decidido que serán las petroleras, y no los transportistas, quienes podrán reclamar la devolución de dicho impuesto.

En mayo, el Tribunal de Justicia Europeo declaró que este tramo del impuesto, al igual que el céntimo sanitario, era ilegal, lo que abrió la posibilidad de que los afectados, principalmente los transportistas, solicitaran su devolución. No obstante, este tramo se pagó entre 2013 y 2018, lo que hace que el plazo para reclamar esté prescrito. Aunque se planteó la opción de iniciar un proceso de reclamación por daño patrimonial contra el Estado, esto resultaría ser un proceso complicado.

Pese a esto, numerosos despachos de abogados comenzaron a captar transportistas para reclamar, pero la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) recomendó esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara. No todos los transportistas podían reclamar, especialmente aquellos que ya recuperaron el impuesto vía gasóleo profesional, o aquellos excluidos del sistema entre 2013 y 2018.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha dictaminado que los transportistas y consumidores finales no tienen derecho a reclamar la devolución de este impuesto, ya que consideran que ellos no lo soportaron directamente, sino que este fue trasladado al precio final del gasóleo. En cambio, las petroleras, que fueron las que formalmente pagaron el impuesto, son quienes pueden reclamar los más de 6.000 millones de euros cobrados durante esos seis años.

Este fallo ha sorprendido a muchos, incluso dentro del ámbito jurídico, pues las petroleras podrían quedarse con los 6.000 millones pagados por transportistas y consumidores finales, generando así una situación de «enriquecimiento injusto».