Tras varios meses de disminución continua en los plazos de pago a los transportistas, en agosto se registró un ligero repunte respecto al mes anterior, alcanzando una media de 66 días, según los datos del Observatorio Permanente de la Morosidad, elaborado mensualmente por FENADISMER en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.

En ese mes, entre las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, que representan algo más de la mitad (específicamente el 54% del total), el 74% de los casos presentó excesos leves en los plazos de pago, es decir, entre 60 y 90 días. No obstante, aún queda un 11% de empresas que pagan en plazos de hasta 120 días, aunque este porcentaje ha disminuido respecto a 2022, cuando superaba el 20%. En cuanto a los medios de pago más utilizados para los servicios de transporte, la transferencia sigue siendo la opción más común (65%), seguida por el confirming (29%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).

Por otro lado, como informó FENADISMER, en abril pasado el Parlamento Europeo aprobó en su última sesión plenaria su posición sobre el nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que establecía como norma general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días y la implementación de un régimen sancionador aplicable a todos los sectores económicos.

Sin embargo, debido a las elecciones europeas celebradas en junio, la tramitación para su aprobación definitiva ha estado paralizada durante los últimos cuatro meses. Ahora, el gobierno búlgaro, que ostenta la presidencia de la UE este semestre, ha propuesto a los demás Estados miembros retomar el debate en octubre, ya que la aprobación final del nuevo Reglamento europeo requiere el acuerdo conjunto del Parlamento Europeo y el Consejo.