La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción a España al considerar que toda la gestión que se hizo de la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 vulneró de manera clara la normativa europea al no convocarse un concurso público para la misma y sí aprobarse una prórroga por 25 años -hasta 2048- de manera directa. Una cuestión sobre la que el Gobierno de España ha intentado defenderse con dos informes que no han sido aceptados por parte del organismo europeo.

Desde el Gobierno de España se ha intentado defender que la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 se encuentra dentro de las excepciones ‘in house’, aplicables cuando la decisión se toma de manera interna por un poder público sobre un servicio público. Sin embargo, desde la Comisión Europea se entiende que esta medida sólo fue una forma de intentar revalorizar la infraestructura de cara a su posterior privatización, sin tener en cuenta los intereses reales de los usuarios de la vía.

Desde la Comisión Europea se insiste en que el Gobierno de España, presidido en el año 2000 por José María Aznar, amplió la concesión sabedor de que poco tiempo después iba a vender la autopista para aumentar así su valor. Una situación que ahora dibuja un escenario de compleja solución, ya que es España el que tiene que plantear una propuesta. Entre las opciones que hay encima de la mesa están sacar un a concurso una licitación de la concesión y/o negociar con la empresa gestora -Audasa- una rescisión del contrato -con un coste de 4.000 millones de euros-.

Aunque la situación actual es para el Gobierno de indefensión, la decisión nociva de ampliar la concesión de la AP-9 crea un escenario en el que las dos soluciones posibles son licitar de nuevo la concesión o bien un rescate, opciones que parecen descartar desde el Gobierno a pesar de la tesitura. En este sentido, distintas voces políticas gallegas claman por coger el toro por los cuernos, acabar de una vez con la dichosa concesión y por fin tener una AP-9 libre de peajes ante la ilegalidad de una prórroga que como es lógico la Comisión Europea no ha aprobado.