El Gobierno está trabajando en un nuevo real decreto que establecerá los criterios de fijación de los peajes máximos a cobrar, aplicando criterios medioambientales y dependiendo de las emisiones de cada vehículo.

Este criterio solo se aplicará en las autopistas del Estado que gestiona a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seitt), es decir, a las autopistas rescatadas tras la crisis financiera de 2008 (radiales R2, R3, R4, R5, autopistas M12, AP-41 y AP-36, y tramos de la autopista AP-7 en la Circunvalación Alicante y AP-7 en Cartagena-Vera).

Así lo ha avanzado la directora general de transportes por carretera y ferrocarril, Roser Obrer, en una reunión con las asociaciones de transportistas, a los que ha reiterado el compromiso del Gobierno de no implementar peajes en las autovías.

De hecho, el mismo real decreto establecerá expresamente la no aplicación de peajes por la circulación en las autovías y resto de carreteras que forman parte de la Red General del Estado, con la excepción de las autopistas privadas ya sometidas a régimen concesional.

El objetivo principal de este decreto, que en breve iniciará su trámite con una consulta pública en los próximos días, es transponer a la normativa española la nueva directiva europea aprobada en 2022 sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos de transporte por la utilización de las infraestructuras viarias, coloquialmente denominada ‘euroviñeta’.

Con la última decisión del Gobierno de no imponer peajes, los contratos privados actuales irán venciendo y se seguirán liberando más kilómetros de pago de las carreteras españolas, tras haberse levantado en los últimos años los peajes de la AP-7, la AP-2 o la AP-1, ahora gratuitas.

Las siguientes serán la AP-68, cuyo contrato finaliza en 2026, o la AP-6 (que discurre por el túnel de Guadarrama en la salida de Madrid hacia Galicia), que junto con sus variantes a Segovia (AP-61) y Ávila (AP-51), levantarán peajes en 2029, si las políticas no cambian para ese momento.