Los representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se han reunido por primera vez con los nuevos responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) con el objetivo de establecer las prioridades y objetivos para el sector y la Administración de cara a la nueva legislatura. Carmelo González como presidente del CNTC ha ejercido de máximo representante del sector ante la nueva secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, y la nueva directora general de Transporte por Carretera, Roser Obrer.

Entre los puntos destacados de la reunión cabe destacar el compromiso existente por parte del Ministerio de respetar y hacer cumplir los acuerdos alcanzados con el CNTC durante la pasada legislatura. En este sentido y con la conciencia común de que resta mucho trabajo por hacer, ambas partes fijaron una hoja de ruta con tres prioridades a tratar. Esas son la grave escasez de conductores que sufre el sector, las medidas a tomar para limitar la subcontratación en el seno de la Ley de la Cadena de Transporte y el establecimiento de un calendario razonable para la transición ecológica.

En relación al último punto, desde el CNTC se remarcó que los objetivos marcados por Europa y España para la descarbonización del transporte de mercancías por carretera son irreales porque no tienen en cuenta la realidad tecnológica del mercado, haciendo inviable que esta transición sea viable y sostenible a nivel económico. Por ello, el CNTC apuesta por un calendario que tenga en cuenta los ecocombustibles como opción intermedia para llevar a cabo todo este proceso de una manera que sí pueda ser asumida por el sector.

Pese a que la reunión sirvió para tratar distintas cuestiones que son de gran importancia para el sector del transporte profesional, resulta curioso que no se puso encima de la mesa en esta primera reunión entre el CNTC dos asuntos como la reforma del reglamento de masas y dimensiones de los camiones para la inclusión de los vehículos de 44 toneladas y la adopción del sistema de pago por uso en las autovías, si bien es cierto que desde el Gobierno existe el compromiso de no imponer estos peajes en esta legislatura.