El Paquete de Movilidad de la Unión Europea ha regulado de un mejor modo aspectos clave para el transporte de mercancías por carretera como el desplazamiento de conductores y de camiones, así como los límites de los servicios de cabotaje. Con todo, el incumplimiento de la normativa en este tipo de transporte sigue siendo muy alto, por lo que la Guardia Civil está haciendo especial hincapié en controlar de forma intensiva el cabotaje llevado por empresas de transporte extranjeras en nuestro país.

Este aumento de los controles de las normas y limitaciones asociadas al cabotaje, tanto a nivel cuantitativo como temporal, ha determinado lo que muchas voces dentro del sector clamaban. El incumplimiento de las limitaciones en el cabotaje impuestas por la normativa europea es una constante, creando un escenario de competencial desleal de las empresas extranjeras y/o empresas deslocalizadas respecto al transporte local. Una circunstancia que desde la Guardia Civil vigilan cada vez más de cerca.

El Paquete de Movilidad es claro con las limitaciones del cabotaje. Si un camión con matrícula extranjera entra en España en servicio de transporte internacional, puede realizar un total de tres transportes interiores en un periodo máximo de siete días. Pasado este periodo se inicia un periodo de enfriamiento de cuatro días en el que el camión tiene que salir de España. Por su parte, si el camión entra en vacío en España, puede realizar un transporte interior en los siguientes tres días antes de abandonar el país y dejar un periodo de cuatro días antes de retornar a territorio español.

Si estas premisas del Paquete de Movilidad no se cumplen y la Guardia Civil así lo detecta, la empresa de transporte extranjera o el transportista autónomo se enfrenta a una infracción muy grave que lleva pareja una multa de 4.001 euros. La multa será idéntica en caso de que el conductor haya sido contratado por una empresa española, teniendo que pagar ambas partes idéntica cuantía, aunque para el transportista el pago de la multa será inmediato. Además, supone la inmovilización del vehículo prohibición de realizar servicios de transporte interior en España para el transportista extranjero.