Los agentes que llevan a cabo controles de carretera en toda la Unión Europea, a partir de ahora, pueden consultar la reputación infractora de las empresas de transporte internacional gracias al cambio de normativa que se ha aplicado para facilitar el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembro. Este es uno de los apartados que se han añadido a la información adicional que los agentes pueden consultar sobre las empresas de transporte por carretera, ya sean de mercancías o de viajeros.
Con este cambio en la normativa, la Unión Europea pretende que cualquier Estado miembro tenga acceso inmediato a la reputación infractora de las empresas de transporte, dando igual el país de origen. De esta forma, las compañías de transporte por carretera pasan a tener una suerte de historial infractor, siendo este un factor que justifique la realización de controles más estrictos y frecuentes. Además, el nuevo sistema permite vigilar de una manera rápida y precisa que se cumple el requisito de honorabilidad.
En el caso de España, las autoridades nacionales tienen la obligación de compartir los datos que se recogen en el Registro Electrónico de Empresas y Actividades de Transporte, servicio que está gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). A su vez, las autoridades deben incluir la calificación de las empresas de transporte en función de su historial de infracciones graves, dibujando una clasificación de riesgos en el sector. Este sistema tiene en cuenta el número, la gravedad y la frecuencia de las infracciones que comete una empresa, así como los controles en los que no se haya detectado ninguna infracción.
Más allá de este modelo de datos compartido, quizá lo más significativo es que el Estado en el que se realiza el control en carretera y se detecta una infracción grave puede solicitar al país de origen del vehículo que se apliquen sanciones contra la empresa de transporte o el conductor vinculado al camión o autobús inspeccionado. Entre las sanciones que se pueden solicitar está la retirada temporal o permanente de la licencia comunitaria del camión y la retirada de los permisos del conductor, así como sanciones económicas o administrativas.