Desde el lunes 21 de agosto de 2023, todo vehículo comercial -camión y autobús- de nueva matriculación debe equipar el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, con nombre técnico SMT2. Sin embargo, los importantes retrasos en la homologación y fabricación de estos dispositivos por los problemas con el sistema de geoposicionamiento a través del satélite Galileo y de su servicio abierto (OSNMA) ha provocado que esta fecha sea agua de borrajas. Mientras que la Comisión Europea ha propuesto un periodo de gracia, varios países lo han aplicado ya de forma unilateral antes de su aprobación.

De hecho, el organismo europeo ha abierto un plazo de transición para actualizar el software del tacógrafo, pero ha dejado en manos de los Estados miembro de la Unión Europea cualquier otra medida a tomar. Algunos países han establecidos periodos de gracia para que la norma se aplique en los vehículos nuevos, mientras que otros como España han optado por dar forma a un modelo de prematriculación para que los camiones que no cumplen este requisito figuren a efectos legales con una fecha de matriculación previa a la obligatoriedad de montaje de este dispositivo.

El problema es que mientras algunos países han dictaminado estos periodos de gracias o han dado forma a un modelo de prematriculación, otros Estados miembro no se han pronunciado. Esto implica que estos países tienen la posibilidad de imponer que los vehículos nuevos que salen al extranjero y que llegan al país se ajusten a la legislación y equipen un tacógrafo SMT2. En este sentido, los transportistas se exponen a multas por no cumplir la normativa en sus camiones nuevas si operan en estos países. Un escenario que no termina de solucionarse porque la Comisión Europea avanza a paso lento y sólo ha propuesto un periodo de gracia hasta finales de año que aún debe ser aprobado.

Por el momento, los países que han instaurado un periodo de transición han sido Alemania, Austria, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia. El problema es que Austria e Irlanda sólo lo han aprobado para el uso doméstico. Por su parte, Italia y Noruega han ampliado el plazo hasta el 30 de septiembre de 2023, Alemania y España hasta el 31 de diciembre de este año y Suecia hasta el 31 de enero de 2024. Francia ha optado por un periodo de gracia de cuatro meses.