La Comisión Europea (CE) ha actuado de manera muy tibia ante el problema de los tacógrafos inteligentes de segunda generación. Pese a las dificultades tecnológicas y de disponibilidad que hay con estos dispositivos que se deben instalar ya en camiones y autobuses, la Unión Europea sólo se ha centrado en el primer aspecto con la publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/980 para la creación de un régimen transitorio para adaptar el software de los tacógrafos inteligentes, pero casi ha dejado al libre albedrío poner solución a la segunda cuestión desde los Estados miembro.

El citado Reglamento de Ejecución (UE) 2023/980 define en esencia un periodo de transición para la actualización del software que permita el uso del geoposicionamiento a través del satélite Galileo y de su servicio abierto (OSNMA), una vez que esté disponible, permitiendo la homologación de un tacógrafo de transición hasta el 31 de diciembre de 2023 y su instalación en vehículos nuevos hasta el 31 de mayo de 2024. Sin embargo, esto no afecta ni mejora la falta de stock de estos dispositivos por los retrasos acumulados en su homologación y fabricación.

En este sentido, el sector del transporte de mercancías por carretera se muestra sorprendido por la falta de una actuación efectiva por parte de la Comisión Europea, ya que no se ha hecho nada para mejorar la preocupante falta de stock de estos tacógrafos inteligentes de segunda generación, que deberían instalarse de manera obligatoria en todos los camiones y autobuses de nueva matriculación desde el pasado 21 de agosto. Los fabricantes de este tipo de vehículos tienen un número muy reducidos de tacógrafos para equipar en los 150.000 vehículos que pueden producir hasta final de año.

Pese al requerimiento de los Estados miembros, la Unión Europea no ha buscado solución armonizada alguna y deja en manos de los Gobiernos de cada país poner en marcha cualquier tipo de actuación al respecto. Se estima que 40.000 camiones y autobuses se verán afectados por esta circunstancia en toda la Unión Europea en 2023, de los cuales cerca de 7.000 podrían ser camiones y autobuses con matriculación en España. En este sentido, el Ejecutivo español ya ha actuado y ha fijado un régimen excepcional de prematriculación.