El Gobierno de España está en una posición comprometida a la hora de cumplir sus promesas. Por un lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido a no aplicar un modelo de pago por uso de las autovías sin el consenso del sector. Por otro, el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece haber acordado con Bruselas la instauración de los peajes en las autovías en el ejercicio 2024 con el fin de mejorar la financiación para el mantenimiento de las carreteras.

Dos cuestiones que parecen incompatibles, ya que el sector del transporte de mercancías por carretera no está muy por la labor de que se instauren nuevos peajes en las autovías que afecten a la ya de por sí maltratada actividad. Por ese motivo, el Gobierno central trabaja en algún tipo de alternativa en el ámbito del pago por uso de la red viaria para afrontar el citado compromiso con la Comisión Europea y, al mismo tiempo, respetar el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

El Ejecutivo se comprometió con Bruselas a poner en marcha un sistema de pago por uso de las autovías en 2024 como factor condicionante y obligatorio para recibir los Fondos Europeos. Sin embargo, existe el pacto con el CNTC de no implantar ninguna Euroviñeta, peaje o pago por uso a los transportistas profesionales sin el consenso previo del sector. Por supuesto, no existe la opción de aplicar estos peajes sólo a los vehículos no profesionales, ya que este pago por uso tendría tintes discriminatorios.

Por esta razón, el pago por uso se ha convertido en uno de los caballos de batalla entre el durante la actual campaña electoral y fue uno de los temas tratados en el cara a cara entre los dos candidatos principales a la presidencia. La Dirección General de Tráfico (DGT), en boca de su director, Pere Navarro, reconoció hace unos días que se cobrarían peajes en las autovías españolas para el año 2024, aunque dio marcha atrás reconociendo su falta de competencias en el asunto.