El COVID dibujó una situación a la que nunca se había enfrentado la Unión Europea. Ante la crisis sanitaria, uno de los principios como la libertad de circulación se vio comprometido. Por ello, el Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Instrumento de Emergencia del Mercado Único (SMEI), a propuesta de la Comisión Europea, para preservar la libre circulación de personas y mercancías en la Unión Europea en caso de futuras emergencias. La norma busca evitar en la medida de lo posible restricciones de movilidad y en los servicios logísticos.

En septiembre de 2022, la Comisión Europea propuso este SMEI para garantizar que la Unión Europea está mejor preparada y equipada para hacer frente a cualquier crisis grave a gran escala, al menos en lo que a la movilidad y el transporte de mercancías se refiere. Ahora, este SMEI ha recibido el visto bueno del Comité del Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo, organismo que se encarga de la supervisión legislativa y del escrutinio de las normas de la Unión Europea sobre el mercado único.

Raluca Marian, directora de Defensa de la Unión Europea de la IRU ha señalado: “El Comité IMCO del Parlamento Europeo reconoce legítimamente la función vital de la libre circulación de servicios y bienes, especialmente por carretera. Durante el COVID-19, el transporte de mercancías por carretera fue el sector que mantuvo en funcionamiento el mercado interior. Se debe evitar a toda costa cualquier restricción a la libre circulación de mercancías y pasajeros durante una emergencia. Mantener abiertas las fronteras y las cadenas de suministros es de fundamental importancia«.

«El Parlamento y el Consejo deben garantizar que el mecanismo de emergencia sea eficiente y fomente un enfoque alineado por parte de los Estados miembro y la Comisión» recalca la responsable de IRU, recordando que el Parlamento Europeo no debe dar un paso atrás y hacer que el SMEI actual prevalezca en caso de posibles conflictos respecto al SMEI propuesto. En este sentido, Raluca Marian pide que se imponga la lógica y se diseñe una normativa final más eficiente a partir de las negociaciones que se darán tras la votación plenaria en Estrasburgo, ya en septiembre.