El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar cuatro contratos por valor de 571 millones de euros para el mantenimiento preventivo y la mejora de los firmes de las carreteras convencionales y para la conservación y explotación de 700 kilómetros de nueve autopistas de peaje.

Por un lado, 414,7 millones se destinarán a tres contratos en las vías de la Red de Carreteras del Estado en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid.

El objetivo principal de estos tres contratos, divididos en 25 lotes, con un plazo inicial de tres años y una prórroga adicional de otros dos, es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de las carreteras convencionales. No obstante, también se podrán incluir actuaciones en autovías o autopistas, siempre y cuando se justifique adecuadamente.

Por otra parte, se dedicarán 157,5 millones a la conservación y explotación de las vías de peaje M-12, R-2, R-3, R-4, R-5, AP-36, AP-41, AP-7 Circunvalación Alicante y AP-7 Cartagena-Vera, con una duración de 4 años, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses y una prórroga adicional de 9 meses.

En ambas actuaciones se han incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de licitación, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De esta forma, se potenciarán buenas prácticas medioambientales a implantar por parte de los adjudicatarios, como el cálculo de la huella de carbono, la recogida selectiva de los residuos, el uso de pinturas libres de plomo y el control del consumo energético, agua y combustibles; contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de la RCE, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo el medio ambiente.

El Gobierno defiende así ganar en eficiencia, agilizar los trámites administrativos, más flexibilidad y aprovechar las economías de escala por parte de las empresas, con el consiguiente ahorro de costes.

Con todo ello se intenta potenciar el mantenimiento ‘preventivo’ frente al tradicional mantenimiento ‘correctivo’, mejorando la seguridad vial, la sostenibilidad y la durabilidad de la infraestructura viaria.