El Plan Nacional de Inspección de Transporte, diseñado bajo la supervisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), incluía una serie de actuaciones prioritarias para este 2023. Entre las mismas se encontraba el control de los plazos de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera a partir del régimen sancionador aprobado en octubre de 2021. Con una tasa de incumplimiento de los plazos de pago que aún supera el 50%, los servicios de inspección dependientes del Ministerio han comenzado a actuar de oficio.

Aunque el régimen sancionado asociado a la Ley de Morosidad en el transporte ha permitido que el plazo medio de pago en el transporte de mercancías por carretera se haya reducido a lo largo de 2022, no es menos cierto que el incumplimiento de la normativa sigue siendo muy alto. Por ese motivo, los servicios de inspección del Ministerio de Transportes han empezado a actuar de oficio por dicho incumplimiento contra empresas cargadoras, agencias operadoras y grandes flotistas que no pagan en tiempo y forma a sus proveedores de transporte.

Con los datos obtenidos de la documentación comercial de las empresas transportistas que deben ser aportados en los requerimientos ordinarios de inspección, el Ministerio ha empezado a notificar procedimientos sancionadores. Las empresas contratistas que incumplen el plazo máximo de pago de 60 días pueden verse afectadas por estas actuaciones de oficio. Se busca así reducir la morosidad en un sector golpeado por las distintas crisis que se han sucedido en los últimos años.

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recuerda que, según la normativa, el plazo máximo de pago en todos los casos será de 60 días naturales -si existe este acuerdo entre las dos partes- a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación del servicio de transporte y no desde la fecha de elaboración de la factura que en muchas ocasiones puede ser emitida en una fecha posterior.