El transporte de mercancías por carretera lleva a cabo una actividad que representa el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en España. Sin embargo, el sector se ha visto especialmente sacudido por los efectos de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, ya que el precio de las materias primas, la energía o el Diésel se ha disparado. Y es precisamente esta característica la que ha señalado el Gobierno de Pedro Sánchez para trasladar parte de la falta de aguanta de la actividad a los pequeños transportistas o profesionales autónomos.

El texto del Real Decreto-Ley 3/2022 del 1 de marzo ya señalaba que las medidas que se están tomando tienen la finalidad de reforzar y mejorar la sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera. Medidas específicas que se han tenido que tomar por los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania, pero que desde el Gobierno también se achacan a la especial configuración del sector, señalando su atomización como factor agravante en la crisis que vive la actividad.

De hecho, desde el Gobierno se desliza que «la estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducid tamaño, ya que el 53% de las compañías con vehículos pesados tienen un solo vehículo, agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios más desfavorables. Por este motivo, el sector necesita una mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento de una actividad que representa el 2% del PIB nacional y que es fundamental para el desarrollo del resto de la economía».

De manera más o menos directa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez señala como parte inherente del problema a los pequeños transportistas y profesionales autónomos por su poca capacidad de adaptación, sin tener en cuenta el aumento de las cotizaciones sociales o los impuestos o la creciente burocracia que complica el desarrollo de su actividad. Y todo en un escenario en el que los pequeños transportistas además se sienten apartados de las negociaciones que se han mantenido desde el Ministerio de Transportes con las grandes empresas de la patronal.