Las empresas del sector transporte dudan de su viabilidad económica en el actual escenario de crisis económica y energética. El incremento sin ningún tipo de control del precio de la energía y el combustible y las dificultades para trasladar a los clientes el incremento de los costes han llevado a muchas empresas a ver reducidos sus márgenes de ganancias a la mínima expresión, cuando los hay. Las insuficientes medidas de apoyo por parte del Gobierno dibujan una situación crítica para muchas compañías.

Si la pandemia de COVID-19 fue un duro revés para el sector del transporte, la invasión rusa de Ucrania lo está siendo todavía más. En un contexto geopolítico complejo, el precio del Diésel no ha dejado de crecer de manera salvaje en los últimos meses, una circunstancia que es muy complicado de trasladar a los contratos. Sin poder repercutir el aumento de gastos al cliente, las empresas están reduciendo sus márgenes y por momentos, realizando servicios de transporte a pérdidas con el objetivo de mantener ciertos contratos.

En este sentido, una reciente encuesta de Ontruck señala que seis de cada diez transportistas consideran que su continuidad empresarial no está garantizada en un futuro inmediato. Con un aumento del precio del Diésel de 80 céntimos por litro en el último año natural, el 70% de los transportistas han dejado de ingresar entre un 25% y un 40% de su volumen de facturación habitual. De igual modo, un 25% de los transportistas encuestados por OnTruck han visto reducir sus ingresos en más de un 40%.

En este escenario y con la fluctuación del precio del combustible como protagonista, el 31% de las empresas han tenido que renunciar a clientes debido al precio del Diésel, mientras que el 27% asegura no haber tenido pérdidas, pero si ver sus márgenes de beneficios reducidos al mínimo. Casi un 30% de las empresas reconocen haber tenido serias pérdidas y el 16% incluso hacer servicios a pérdidas. Un ambiente tenso en el que 7 de cada 10 transportistas consideran que el paro de marzo no tuvo el efecto deseado. Un 60% aboga por seguir con las movilizaciones ante unas ayudas gubernamentales insuficientes.