Las Juntas Generales de Vizcaya presentaron el pasado 17 de mayo un proyecto de Norma Foral para la implantación de peajes a camiones en varias de las vías de alta capacidad de la región. Un golpe en el mentón para el sector del transporte de mercancías por carretera vizcaíno, contrario en su totalidad a la puesta en marcha de esta medida. La Asociación de Transportistas Autónomos Vascos (Asotrava) ha mostrado su rechazo y oposición a la decisión de la administración regional de iniciar los trámites para instaurar estos peajes.

Por este motivo, Asotrava ha iniciado una ronda de contactos con los representantes políticos para mostrar el malestar del sector del transporte de mercancías por carretera de la región. Malestar y enfado que han trasladado a Imanol Pradales, diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, pero también a los representantes de Podemos y Bildu en las Juntas. A modo de resumen, desde Asotrava se considera que este proyecto es meramente recaudatorio y tiene el objetivo de cubrir el déficit general de las cuentas públicas de la región.

Desde Asotrava señalan además que el proyecto de peajes de Vizcaya, a imagen de lo que ya sucedió en Guipúzcoa, es ilegal y discriminatorio al no ir dirigido a todos los usuarios, ya que pone únicamente en la diana al transporte pesado de mercancías. Una medida que además de restar competitividad al transporte vizcaíno frente al transporte de otra región es totalmente incongruente, ya que el propio Gobierno Vasco ha reconocido que el transporte pesado de mercancías no es ni el más contaminante, ni en el que genera más tráfico y congestión, ni el que genera una mayor siniestrabilidad.

El sector del transporte de mercancías por carretera de Vizcaya cuenta con el apoyo de la plataforma ciudadana AP-8 Peajerik EZ, ya que estiman que lo que pueda empezar como un peaje a camiones, rápidamente se generalizará a todos los vehículos y usuarios en un nuevo atropello a los bolsillos de los contribuyentes. Todo sin tener en cuenta el golpe que sufrirán los transportistas, que ya vienen soportando durante los últimos años una irracional presión fiscal por parte de la administración regional.