El Gobierno de Navarra ha dado conformidad a la consideración de desarrollo de un proyecto de Ley Foral, redactada por el propio Ejecutivo, para la creación de un sistema de pago por uso de varias carreteras de la región, lo que supone en términos prácticos un modelo de peajes a vehículos pesados. Un movimiento que ha sido denunciado por las asociaciones de transporte regionales, como ANET y Tradisna, al entender que rompe con el acuerdo nacional del CNTC con el Gobierno central de no implantar peajes a camiones sin el consenso previo del sector.
Ambas asociaciones explican que esta decisión del Gobierno de Navarra está quebrando el acuerdo que existe a nivel nacional, atacando de forma frontal al sector del transporte de mercancías por carretera, toda vez que supone una «ruptura del acuerdo nacional del PSOE para no implantar ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso previo del sector y más si se realiza por trámite de urgencia. Se está proponiendo una ley foral a partir de un único estudio que, además de estar viciado, resulta a todas luces discriminatorio«.
El estudio al que se refieren las asociaciones de transportes de Navarra hace un seguimiento de la procedencia de los vehículos pesados circulantes por las cinco vías en las que se quieren instalar los peajes y que son la A-1, A-10, A-15, A-69 y N121-A. Sin embargo, ANET o Tradisna señalan que: «el estudio está equivocado. Se realizó en fechas de verano, poco representativas de la circulación habitual, y sólo se tuvieron en cuenta los vehículos registrados en la entrada y en la salida de cada vía, por lo que no se recogió el transporte en puntos intermedios, justo el del transporte local que va a asumir los peajes«.
Desde las asociaciones de transporte referidas se insiste en la necesidad de realizar un estudio real, sin datos sesgados y evitando discriminaciones, además de una medición del impacto económico que tendrían los peajes en el transporte y la economía general de Navarra. Por el ejemplo de Guipúzcoa, el sector sabe que estos peajes supondrán la disminución del volumen de empresas de transporte, lo que unido a los propios peajes provocará una pérdida de competitividad de los productos navarros y de su transporte. Además, existe el riesgo de que se extienda a todos los usuarios.