El comité de expertos designado por los Estados miembro de la Unión Europea (EU) para dar forma a una nueva ley que regule las aduanas comunitarias ha propuesto la creación de un organismo especializado para controlar las fronteras intraeuropeas. En el informe publicado por este conjunto de expertos recoge la recomendación de crear una Agencia Europea de Aduanas que permita armonizar los procedimientos y las aplicaciones normativas a utilizar en las aduanas de cada país y en el transporte de mercancías por carretera intrafronterizo.

El sector del transporte de mercancías por carretera ha acogido con enorme satisfacción esta propuesta, incluso sabiendo que su puesta en marcha se puede demorar durante años. Y es que si hay algo en lo que están de acuerdo los principales actores de la actividad es que una reforma de las leyes aduaneras que armonicen los procedimientos fronterizos de todos los países que forman parte de la Unión Europea. Además, el transporte espera que se integren de forma efectiva la totalidad de los servicios técnicos de inspección fronteriza para acabar con la falta de uniformidad en la aplicación normativa.

La Comisión Europea, junto con los Estados miembro y los operadores, está haciendo un enorme esfuerzo por simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros, algo que pasa por automatizar las fronteras y avanzar en un modelo único para los operadores. Sin embargo, el resultado final está lejos de ser el necesario, entre otras cosas porque la realidad económica y el mercado del transporte avanzan más rápido de lo que lo hacen los políticos y la propia legislación. Y el impacto de la pandemia de COVID-19 y del ‘Brexit’ ha provocado grandes cambios en la escena aduanera sin respuesta de las autoridades.

Sin ir más lejos, el comercio electrónico y el desmesurado aumento de la demanda ha creado un elemento disruptor que obliga a mejorar los tránsitos fronterizos por el crecimiento casi de forma exponencial de los pequeños envíos. Escenario en el que el comité de expertos valora eliminar la exención fiscal para los envíos de productos de menos de 150 euros para atajar el fraude y la infravaloración del comercio y del transporte. Además, la propuesta incide en la necesidad de recopilar más datos fronterizos y crear partidas arancelarias específicas para productos ecológicos, biológicos, naturales y reciclados.