En la delgada línea que existe entre aplicar peajes exclusivos a camiones y que estos puedan ser tildados de discriminatorios por la vía judicial, parece que Vizcaya ha ganado la partida. Aun con la paralización de los peajes cobrados por la Diputación de Guipúzcoa todavía en la retina de todos, Vizcaya ha recibido luz verde de Europa para la implantación gradual de peajes exclusivos para camiones de más de 3,5 toneladas en la N-240, la BI-625, la N-636, la autovía A-8 y el corredor de Txorierri.

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya ha aprobado de forma reciente el anteproyecto de norma foral para la implantación de pago por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera en las citadas cinco carreteras de la región. Una aprobación que viene de la mano del visto bueno de la Comisión Europea. Un precedente peligroso, ya que este pronunciamiento favorable puede abrir la puerta a que peajes que en el pasado fueron declarados discriminatorios sean aceptados.

Sea como fuere y centrándonos en los peajes de la provincia de Vizcaya, la Diputación Foral ha presentado un proyecto a las Juntas Generales de la región en el que está previsto instalar de forma gradual arcos de peaje destinados exclusivamente a camiones de más de 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA). Un modelo para la N-240, BI-625, N-636, la autovía A-8 y el corredor de Txorrieri que ha sido ampliamente criticado por asociaciones como Fetransa o FENADISMER.

De hecho, desde el mismo día de la presentación del proyecto se ha asegurado que esta idea sólo iba a progresar si se hacía con todas las garantías y seguridad jurídica necesaria para evitar que estos peajes se pudieran tumbar por considerarse discriminatorios, ya fuera de forma directa o indirecta. Una situación que parece que con la aprobación de la Comisión Europea se ha salvado, siempre y cuando se cumplan ciertas premisas a la hora de identificar los tramos, colocar los arcos de control y establecer el importe del propio peaje.