El caso del cártel de camiones todavía no ha terminado. Aunque la Comisión Europea declaró culpables en 2017 a un total de seis fabricantes de camiones de pactar precios al alza en sus productos, sentencia que confirmó el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) este pasado mes de febrero, Scania ha decidido quemar su último cartucho y apelar con un recurso de casación. La firma sueca fue condenada a una multa de 880 millones de euros por su participación en el cártel europeo de los fabricantes de camiones.

La sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea colocó a Scania como la firma que fue protagonista, de alguna forma, del cártel europeo de los fabricantes de camiones. De hecho, el fabricante sueco recibió una multa de mayor importe económico que el resto de las marcas participantes -DAF, Daimler, IVECO, MAN y Renault-Volvo-. Quizá por ese motivo y a cuenta de evitar una multa multimillonaria y las miles de reclamaciones de sus clientes, Scania también está siendo protagonista de la batalla judicial para evitar esta sanción.

Pese a que ha quedado probado que durante el periodo comprendido entre 1997 y 2011 las seis marcas involucradas pactaron precios de venta de sus camiones y retrasaron de manera deliberada la introducción de nuevas tecnologías en el mercado, Scania ha decidido apelar ‘a la desesperada’ con un recurso de casación que, entre otras cosas, impide que los transportistas que adquirieron camiones puedan presentar su reclamación por el sobrecoste aplicado en su día. Este recurso de casación es la última bala en el cartucho de Scania.

De hecho, en caso de que el recurso de casación no prospere y sea de nuevo desestimatorio, se abrirá la vía judicial para que todos los afectados que adquirieron un vehículo Scania, o del resto de fabricantes implicados, puedan interponer las correspondientes reclamaciones por los perjuicios ocasionados debido a la responsabilidad solidaria por la actuación conjunta de los citados fabricantes en la concertación de los sobreprecios. Se estima que esta actuación afectó a la venta de unos 10 millones de camiones, siendo unos 200.000 matriculados en España.