El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado la ‘calculadora’ con la que los transportistas y empresas del sector pueden definir el incremento de sus tarifas a partir de la variación semanal del precio del Diésel. De forma paralela, el organismo también ha publicado una guía explicativa de fácil lectura para permitir el conocimiento y aplicación de todas las medidas incluidas en el Real Decreto Ley 3/2022, entre las que se incluye el uso de la variación del precio del Diésel para recalcular los costos de los servicios de transporte.

A principios de marzo se aprobó el Real Decreto Ley 3/2022 en el que se incluía una serie de medidas para mejorar la difícil situación del transporte de mercancías por carretera, todas nacidas a partir del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en diciembre. En términos económicos, una de las grandes novedades pasa por la revisión automática y obligatoria de los precios del transporte a partir de la variación del precio del Diésel.

Aunque este nuevo principio se calcula en base a una fórmula de sencilla aplicación que define el aumento del coste de los servicios de transporte en función del porcentaje de variación del precio del Diésel en un periodo concreto, el Ministerio ha publicado esta ‘calculadora’ automática. En este sentido y para corregir el importante incremento del precio del Diésel en el último año (+50,7%), el Decreto Ley prevé que los transportistas que no hubieran repercutido este sobrecoste a sus clientes o lo hubieran hecho de forma parcial durante el último año tengan derecho a hacerlo ahora.

Esta revisión obligatoria, frente a la que no cabe pacto en contrario, se aplica a todo tipo de contrato de transporte, ya sean contratos verbales o por escrito, siempre que haya habido una variación en el precio de los carburantes desde que el transportista y su cliente pactaron hacer el transporte y el momento de realizar dicho servicio, teniendo en cuenta el peso del vehículo utilizado. Para ello el Decreto Ley establece una única fórmula de revisión, la cual deberá aplicarse en todos los contratos, incluso si no hay pactada ninguna fórmula de revisión entre las partes.