La paralización del cobro de los peajes a camiones que la Diputación de Guipúzcoa instauró en enero de 2018 tras la sentencia que declaraba ilegal su cobro sirvió para abrir un proceso para que los transportistas pudieran recuperar las cantidades abonadas. Sin embargo, el Gobierno regional no ha hecho más que poner trabas a la hora de devolver el importe de estos peajes, agotando el tiempo disponible. De hecho, el plazo de reclamación finaliza el próximo 9 de abril y las reclamaciones pendientes, según FENADISMER, están por encima de los 40 millones de euros.

Ante esta perspectiva, FENADISMER ha unido fuerzas con un fondo de litigación especializado para ofrecer a los transportistas apoyo en el proceso legal que van a tener que llevar a cabo para proceder a reclamar la devolución de su dinero. Y es que la posición totalmente enrocada del Gobierno de Guipúzcoa hace que la vía legal sea el único camino para conseguir el pago de lo reclamado, incluso si la Administración Foral se expone a tener que abonar intereses de demora en caso de persistir con su posición.

Por otra parte y de forma paralela a este proceso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo planteado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) contra la nueva norma foral aprobada por las Juntas Generales de Guipúzcoa en diciembre y que tiene como objetivo reestablecer por tercera vez los peajes a camiones en la N-I y A-15, esquivando los criterios de discriminación que han tumbado los peajes en las dos anteriores ocasiones.

Una forma ‘retorcida’ de plantear la normativa que sustente estos peajes que además lleva de la mano un aumento de su precio que triplica el importe exigido antes de su anulación. Una cantidad que desde FENADISMER consideran desproporcionada, teniendo en cuenta el tipo de vía sobre el que se van a aplicar estos peajes. Aunque su puesta en marcha no se producirá hasta finales de este año o principios de 2023, previa validación por la Comisión Europea, la oposición del sector ante un nuevo abuso es clara.