Las organizaciones del gran consumo consideran que acabar con el paro del transporte debe ser una prioridad absoluta, ya que la situación se debe corregir con máxima urgencia por las repercusiones que puede tener su continuidad en el tiempo. De hecho, estas organizaciones aseguran que esta cuestión es un problema de Estado, al tiempo que advierten que el conflicto amenaza la producción de miles de productos y hasta 100.000 puestos de trabajo. La economía española está cerca de resquebrajarse.

Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB son las organizaciones que han pedido al Gobierno que defina de manera inmediata su plan de ayudas al transporte para terminar con una huelga que impide el normal desarrollo de su actividad a otros sectores. Se considera que poner solución a esta situación es inaplazable porque está poniendo en riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos. Por ese motivo, se hace un llamamiento urgente ante un problema de Estado que afecta a la economía y a los ciudadanos en general.

Asimismo, las organizaciones de gran consumo piden que se garantice de manera efectiva la seguridad y el derecho a trabajar de los transportistas que no quieran sumarse al paro. Entre los trabajadores que sí secundan la huelga, los que han detenido sus camiones por miedo a las represalias y las empresas que han parado sus vehículos por el propio coste del combustible, el impacto en toda la cadena alimentaria -sector primario, industria y distribución- está siendo enorme, lo que provoca la paralización y cierre de fábricas y pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.

Numerosas empresas y cooperativas han tenido que detener sus procesos de fabricación y cerrar ante la falta de suministros. Algunas de estas compañías son Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop o AgroSevilla. Otras como Danone, Estrella Galicia o Cruzcampo ya han anunciado que deberán parar si la situación no mejora. Pese a la situación, las organizaciones de gran consumo piden a la sociedad no hacer compras compulsivas en un escenario en el que el Gobierno debe actuar de forma inmediata.