Este próximo jueves se vota en el Pleno del Congreso la validación definitiva del Real Decreto Ley del transporte, normativa aprobada el pasado 1 de marzo y en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como cada Decreto Ley, esta norma debe someterse a la votación final del Congreso dentro del plazo de un mes desde su puesta en marcha para que el texto sea convalidado de manera definitiva o, en caso de no contar con los apoyos suficientes, ser derogado.

Aunque en el sector del transporte de mercancías por carretera se espera que el Real Decreto Ley pase el filtro del Pleno del Congreso sin mayores problemas, sí que es cierto que hay cierto temor dentro de la actividad ante las posibles enmiendas que pueden llevar a cabo los distintos grupos parlamentarios durante su tramitación. Por el momento, el Decreto Ley mantiene las medidas que se pactaron entre transportistas y el Ministerio para evitar la huelga del sector en diciembre, con la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores como medida estrella.

Sin embargo, en los últimos días uno de los puntos del Real Decreto Ley ha cobrado una gran importancia ante la situación excepcional que se vive con el aumento del precio de las materias primas. En este aspecto, cabe recordar que el texto contempla una norma que persigue amortiguar el impacto de la subida de los precios de los materiales ante la situación de inflación existente, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de su valor para que las empresas puedan revisar sus precios.

De esta forma, se considera que existe un incremento anómalo de los precios cuando el valor del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos y metales como el aluminio o el cobre exceda el citado 5% mínimo. Eso sí, hay que tener en cuenta que cualquier variación en el precio final de un contrato por el aumento de los precios de estos materiales supondrá como máximo un aumento del presupuesto como máximo del 20% respecto al importe original del contrato.