La primera demanda interpuesta el pasado 29 de diciembre ha servido para dar el primer paso en el macropleito contra las tres principales petroleras que operan en España por la fijación de los precios de los carburantes, práctica abusiva que han mantenido durante años. En esta primera denuncia, presentada por 3.500 profesionales del sector transporte, se reclaman más de 100 millones de euros por los perjuicios ocasionados. Está prevista la interposición de una segunda demanda en los próximos meses según se adhieran más afectados.

La macrodemanda liderada por FENADISMER y otras asociaciones territoriales de transporte contra las principales compañías petrolíferas que operan en España por la fijación de precios durante más de una década ya ha echado a andar. El objetivo es que los transportistas y los usuarios particulares que se adhieran a esta demanda reciban una compensación por los perjuicios ocasionados por las prácticas fraudulentas de estas compañías, ya que elevaban artificialmente el precio de los carburantes en lo que se ha llamado de forma coloquial el ‘Cártel de las Petroleras’.

La reclamación multimillonaria se basa en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia que tuvieron una primera Resolución sancionadora en julio de 2009 contra Repsol, Cepsa y BP. Sin embargo, las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por estas compañías se han seguido produciendo hasta la actualidad, pactando precios anticompetitivos en detrimento de las estaciones de servicio independientes y, por extensión, en contra de los intereses de los transportistas y de la ciudadanía en general.

Como hicieron en la crisis económica de 2008, estas compañías han bajado el precio de los combustibles en un porcentaje muy reducido durante la pandemia de COVID-19, incluso si el precio del petróleo ha caído un 60% a nivel internacional. Una práctica orquestada para mejorar los márgenes de beneficios con la que intenta luchar 3.500 empresas de transporte y autónomos con esta demanda presentada ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid y Castellón. En próximos meses se interpondrá una nueva demanda con los transportistas que aún no se hayan incorporado a esta reclamación.