Las Juntas Generales de Guipúzcoa han dado luz verde esta semana a la nueva Norma Foral para la regulación del sistema peajes a vehículos pesados de transporte de mercancías en todo el recorrido de la N-1 y A-15 a su paso por la provincia. Se trata del tercer reglamento para la implantación de este canon por uso, pues las dos primeras versiones del texto acabaron por ser tumbadas en los tribunales por considerarse discriminatorias. Salvando esta situación, las autoridades guipuzcoanas estiman que el nuevo modelo de peajes entrará en vigor a finales de 2022 o principios de 2023.

Los legisladores han tenido especial cuidado en solventar los problemas de discriminación que existían contra los transportistas de fuera de Guipúzcoa en las dos anteriores versiones de la Norma Foral, tal y como ratificó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo. Con el fin de aportar seguridad jurídica y, por lo tanto, poder cobrar estos peajes con garantías plenas, el texto contempla la extensión de los tramos de peaje a todo el recorrido de la N-1 y A-15 a su paso por la provincia de Guipúzcoa.

La Norma Foral aprobada contempla la instalación de cuatro pórticos troncales nuevos y 109 banderolas o semipórticos. La adecuación de las vías con estos nuevos pórticos supondrá una inversión de 25,3 millones de euros. El soporte técnico de estas infraestructuras permitirá cobrar un canon que afectará exclusivamente a los vehículos pesados de más 3,5 toneladas de MMA destinados al transporte de mercancías. Una vez implantado estos peajes, los camiones tendrán que pagar por usar todas las vías de la ‘rotonda’ de Guipúzcoa, es decir, la AP-8, AP-1, N-1, A-15 y A-636.

El peaje a los vehículos pesados de transporte según proyecto es de 0,22 euros por kilómetro para los vehículos de entre 3,5 y 12 toneladas de MMA. Por su parte, la tasa para camiones de más de 12 toneladas es de 0,28 euros por kilómetros. Cuantías que según la Diputación de Guipúzcoa están relacionadas con los costes de construcción de las infraestructuras, así como los costes de explotación, gestión, desarrollo y mejora de la red y mantenimiento de las carreteras. Como suele ser habitual, la administración asegura que los fondos recaudados se revertirán en la N-1 y la A-15.