El transporte guipuzcoano es independiente, a todos los niveles. Por un lado, el Gobierno de Guipúzcoa ha dado el visto bueno a asumir las competencias de transporte por carretera en la provincia como parte del traspaso de las mismas desde el Gobierno central al País Vasco. A su vez, el sector transporte de la región ha decidido desmarcarse del paro patronal convocado por el Comité Nacional entre el 20 y 22 de diciembre y apuestan por mantener al tiempo su propia agenda de movilizaciones y protestas.

Cuando se dice que el sector transporte en España está atomizado, no sólo afecta a la posición de las empresas. Los distintos actores de la actividad están divididos dentro de un marco con convenios colectivos diferentes y gestión del transporte por parte de la administración en el que las competencias cada vez están más fragmentadas. Y es precisamente este el escenario al que se dirige el transporte vasco, ya que la trasferencia de competencias entre el Gobierno central y el País Vasco se traduce en que cada provincia vasca asumirá las competencias de transporte en su territorio.

En lo que respecta a la administración, tras cerrarse el traspaso de competencias en materia de transporte al País Vasco, el proceso se encuentra en su recta final de transferencia a cada una de las diputaciones vascas. En esta línea, las Juntas Generales de Guipúzcoa han dado el visto bueno por unanimidad al convenio de delegación de facultades en este ámbito y la administración regional asumirá los medios personales, presupuestarios y patrimoniales para gestionar el transporte de su territorio. Guipúzcoa es la primera provincia que asume esta responsabilidad.

Dejando a un lado la administración, el sector transporte ha decidido desmarcarse del paro patronal convocado por el Comité Nacional. La dirección del sindicato vasco Hiru ha optado por desligarse de este parón nacional y mantendrá su propia agenda de movilizaciones. De hecho, la organización llevará a cabo protestas en noviembre y diciembre porque consideran que el paro patronal está vacío de contenidos al ser convocado por grandes empresas y flotas de transporte, que a la vez son las principales responsables de la precariedad existente.