El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido ante las principales patronales del sector del transporte de mercancías por carretera a presentar esta semana un paquete de medidas que solucione los problemas por los que atraviesa el sector.

Ambas partes mantenían el pasado viernes una reunión de más de tres horas y media por primera vez tras el cierre patronal anunciado para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Pese a que solo se han iniciado las conversiones, el objetivo es evitar la paralización de la actividad en fechas clave para el transporte.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera, que reúne a las empresas del sector con el Gobierno y es el organismo que ha convocado el paro, emitía un comunicado tras la reunión en el que afirmaba que las conversaciones continuarán, toda vez se hayan recibido estas propuestas.

«La próxima semana el Ministerio se ha comprometido a trasladarnos un paquete de propuestas concretas sobre las demandas de nuestro sector. Nos mostramos esperanzados de que la reunión de más de 3 horas que hemos mantenido esta mañana marque el inicio de unas negociaciones fructíferas», asegura el director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), Ramón Valdivia.

Por su parte, la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, insistía en que el Ministerio tiene la mano tendida para acelerar la concreción de soluciones, en las que ya se venía trabajando con el Comité, haciendo un llamamiento «a la calma y responsabilidad» para evitar un cese de actividad perjudicial, tanto para el sector como para el conjunto de la sociedad.

«En suma, se ha expresado la clara voluntad del Ministerio para alcanzar, dentro de la negociación y dialogo que caracteriza al Comité, como cauce de participación integrada y firme defensor de los intereses del sector, acuerdos que permitan avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector del transporte de mercancías por carretera», defiende el Departamento que dirige Raquel Sánchez.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR

Fuentes del Ministerio explican que las reivindicaciones de la patronal tiene cuatro vertientes y que ya se está trabajando en todas ellas con el fin de evitar cualquier impacto que este posible cierre del transporte podría tener sobre los ciudadanos.

En primer lugar, como ya se ha referido la ministra Raquel Sánchez en otras ocasiones, existe un conflicto de índole privada entre los camioneros y los cargadores. Pese a que la ley deja claro que los camioneros no tienen que hacer la carga y descarga, sí deja la puerta abierta a que se negocie entre las partes.

Por ello, en búsqueda de una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato los transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realiza esta carga y descarga, una actividad física, por cierto, que dificulta la entrada de las mujeres al sector.

El segundo de los problemas está relacionado con el precio de los carburantes, sobre el que ocurre algo parecido. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios pero suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva, por lo que acaban ellos asumiendo la gran subida que está experimentando el diésel.

El Gobierno ya está aplicando una política de revisión de precios, pero solo en los contratos en los que sí puede hacerlo, es decir, en licitaciones públicas, como ya lo está haciendo Adif para desbloquear la paralización de las obras en vías de tren, que las constructoras no podían asumir por el elevado precio de las materias primas.

En tercer lugar, las patronales, y en esto también coinciden los sindicatos, reclaman áreas de descanso en las carreteras seguras y vigiladas. No obstante, esto requiere de financiación y la conservación de carreteras ya está en déficit, unos ‘números rojos’ que la introducción de peajes en las autovías podría corregir, así como incentivar la introducción de áreas seguras de descanso para los camioneros.

Es este último asunto sobre el cual las empresas ya han empezado a presionar al Gobierno para evitar que los transportistas se vean afectados por estos futuros peajes, el cuarto de los problemas. Sin embargo, el Gobierno cifra en 355 millones de euros el importe que ya les ha ahorrado con el levantamiento de peajes en más de 1.000 kilómetros de autopistas en los últimos tres años.

POCA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

Javier Escribano, cofundador de Ontruck, una agencia de transportes digital que conecta a transportistas con cargadores, explica que son muchos los factores de incertidumbre en el sector, como el 40% de kilómetros que se hacen de media en España con los camiones vacíos, las esperas en los almacenes, las condiciones sobre la carga y descarga o la excesiva media de pago de 90 días en el sector, entre otros muchos.

El principal problema es que el sector está muy atomizado, con muchos autónomos y pymes sin capacidad de negociación sobre estos asuntos. Como ejemplo, empresas grandes como Ontruck permiten reducir al 10% los kilómetros en vacío, negociar los precios para paliar el efecto de la gasolina o reducir a 30 días el periodo de pago, según defiende la compañía.

La capacidad de negociación también permite empezar a cobrar a los cargadores por más de 30 minutos de espera, que en el fondo este retraso le hace perder dinero al transportista, o cobrarles en caso de que sea el camionero el que realice la carga. Esta última práctica se ha generalizado en los almacenes para ahorrar costes en la contratación de mozos de carga, asumiendo esta actividad, en su defecto, el camionero.