La convocatoria de paro patronal del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) del 20 al 22 de diciembre cuenta con el apoyo de las grandes organizaciones de transporte como son CETM y FENADISMER, así como de las asociaciones regionales bajo su paraguas. Entre los conductores, la postura no es tan unánime y hay movimientos para frenar este paro patronal. Y mientras tanto, los cargadores se lavan las manos, miran para otro lado y se mueven en el más absoluto silencio pese a ser parte del problema.

Con este escenario presente, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha emitido un comunicado en el que expone la posición de los cargadores, su silencio y su poco ético proceder. Desde CETM explican que los cargadores han optado por desentenderse de un problema que afecta a todo el sector, esperando que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sea quien soluciona el conflicto con los transportistas. Una postura muy grave, sobre todo cuando son parte del problema por su trato a los chóferes.

De hecho, los cargadores son los principales beneficiados de la situación del sector transporte en España, ya que la actividad está muy atomizada y la capacidad negociadora de la mayoría de las empresas de transporte es muy limitada. Una situación que hace que los cargadores se beneficien de su posición de dominio y, entre otras cosas, obliguen a cargar y descargar las mercancías a los propios chóferes, labor que no debería corresponder al conductor y sí al personal especializado que tenga contratado el cargador.

De hecho, la Asociación de Cargadores de España (ACE), lejos de reconocer el trato humillante que dan a los conductores o abogar por una posición conciliadora, ha puesto el foco sobre los propios conductores. De hecho, su presidente Carlos Castán ha querido centrar la atención en el agravio que puede suponer para los consumidores una huelga de los transportistas, en una clara muestra de esta postura en la que asumen que el problema no va con ellos, lo que traslada toda la responsabilidad en este conflicto a la Administración, postura inversa a la que ha seguido el propio Gobierno.