El sector del transporte por carretera viene exponiendo durante años los males endémicos que sufre la actividad, parte de ellos agravados por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el Gobierno no responde a las reivindicaciones de los representantes de la actividad, lo que ha derivado en la convocatoria de un parón de la patronal entre el 20 y el 22 de diciembre. Las posturas están lejos de ser cercanas y los puntos de confrontación con el Gobierno son numerosos.

1. Ley de carga y descarga: El sector transporte clama por una ley que impida que los conductores realicen las labores de carga y descarga. Con Portugal como espejo, la actividad ha comprobado que es posible poner en marcha una normativa así, incluso con la oposición de los cargadores. Sin embargo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha mostrado una palpable falta de voluntad en este aspecto, sin que exista un motivo técnico o legal que prohíba de manera inmediata la realización de las tareas de carga y descarta por parte de los chóferes.

2. Medidas de los vehículos: El Gobierno ha tanteado de forma recurrente al sector sobre la opción de aumentar la altura y Masa Máxima Autorizada de los vehículos de transporte. La amenaza de permitir el uso de camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura parece estar siempre sobre el sector, incluso si eso supone poner en compromiso la viabilidad del trabajo de los autónomos y pequeñas empresas de transporte frente a las grandes compañías logísticas y los cargadores. Los márgenes que tienen los transportistas son mínimos y con camiones de 44 toneladas todavía serían más pequeños.

3. Pago por uso de las autovías: Es uno de los puntos críticos y de mayor confrontación. El Gobierno prometió al transporte no poner en marcha el pago por uso de las autovías sin su aprobación y consenso. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha comprometido con Bruselas sin contar con la aprobación de la actividad, omitiendo el compromiso que firmó el por entonces secretario del Estado de Transporte, Pedro Saura. Las noticias de cómo se pondrá en marcha no dejan de llegar, pero no hay pasos adelante para fomentar la negociación.

4. Control del precio del Diésel: El precio de los combustibles no deja de crecer y, en el caso del Diésel, acumula diez semanas consecutivas de aumentos. Mientras el combustible alcanza máximos históricos, las empresas no son capaces de repercutir este sobrecoste a sus clientes. Por ese motivo, el sector pide al Gobierno una ley que permita controlar la subida del Diésel o, en su defecto, garantice que las empresas de transporte pueden repercutir parte de este aumento de los costes en el precio final de los servicios ofertados.

5. Áreas de descanso seguras y condiciones laborales: Otras cuestiones que reclama el sector transporte es el aumento de las áreas de servicio y estacionamiento adecuadas, seguras y con los servicios mínimos que garanticen el bienestar de los chóferes profesionales. En esta línea, la actividad también reclama mejores condiciones de acceso a la actividad para dibujar un escenario que haga más atractiva la profesión, lo que a su vez permitirá un relevo generación adecuado y paliar la actual escasez de conductores profesionales de camión.