El Gobierno dirigido por Pedro Sánchez ha dado el paso definitivo en su compromiso con la Unión Europea de implantar un modelo de peajes para las autovías y vías de alta capacidad de España. Una auténtica bofetada para el sector del transporte de mercancías por carretera ya que el supuesto compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de no poner en marcha este sistema de pago por uso parece diluido, ya que la negociación llegará después de este compromiso del Gobierno para implantar peajes en las autovías antes de 2024.
En definitiva, el pago por uso en las autovías verá la luz en esta legislatura. Una realidad que se consolida con el compromiso del Gobierno con Bruselas, acuerdo que ha llegado el mismo día en el que el Comité Nacional ha convocado un paro del sector del transporte de mercancías por carretera para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Dos realidades que contrastan de manera frontal y que ponen de manifiesto el rechazo que existe en la actividad a un modelo de pago por uso de las autovías que lastrará todavía más a las empresas del sector.
El documento técnico firmado por el Gobierno de España no sólo contiene los compromisos firmados con la Unión Europea, sino un calendario para la implantación de cada una de las fases del modelo de pago por uso. Primero, un sistema de ‘viñeta’. Luego, un modelo de pago por kilómetro. El primer paso es la aprobación de la futura Ley de Movilidad y de Financiación del Transporte que será remitida a la Comisión Europea con el sistema definido en su totalidad para su aprobación antes del último trimestre de 2023.
Esta norma regulará el establecimiento de un sistema de financiación para el mantenimiento de las infraestructuras públicas que internalice los costes medioambientales. Otra forma de denominar el manido sistema de pago por uso en el que «quien más contamina, más paga», aunque esto no debe ocultar que al final los grandes damnificados son los camiones que se dedican al transporte de mercancías por carretera. Todo en un escenario en el que el Gobierno mantiene una gran opacidad.