El modelo de pago por uso de las autovías es una realidad y el Gobierno trabaja para su puesta en marcha. Ya sea a través de un modelo intermedio tipo ‘viñeta’ o a pleno derecho, todo hace indicar que los conductores tendrán que pagar por utilizar las vías de alta capacidad a partir de 2024. Sin embargo, el Gobierno tiene previsto que en los numerosos tramos en los que se instalarán peajes su pago esté exento en varias circunstancias. Al menos esto es lo que se asegura desde la Dirección General de Tráfico (DGT).
Aunque todavía hay un marco legal que debe definir estas exenciones, la idea del Gobierno es que los peajes no sean aplicables a las personas que recorran estos tramos con objeto de ir y volver del trabajo o de los centros de estudios, así como para las personas que se trasladen por un asunto médico. El resto de conductores, incluidos los chóferes profesionales dedicados al transporte de mercancías por carretera, tendrán que pagar estos peajes a partir de 2024. Y su precio no será especialmente barato, con un importe medio de 4 céntimos por kilómetro.
Con la puesta en marcha de este sistema, el Gobierno pretende recaudar unos 3.000 millones de euros al año, lo que supondría incrementar en casi un 50% el presupuesto actual dedicado a las infraestructuras viarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana si todo lo recaudado fuera para la renovación y mantenimiento de las carreteras. Estos datos son los que precisamente utiliza el Gobierno para defender este sistema, ya que serviría para financiar la conservación de la red viaria nacional.
Con todo, desde el sector del transporte de mercancías por carretera aseguran que estas cifras no son más que números vacíos, ya que, si todo lo recaudado en un solo año por el impuesto de los carburantes y las tasas de compras de vehículos se destinasen al mantenimiento de las carreteras, no sólo se acabaría con la deuda existente, sino que se pagaría la conservación de la red viaria durante dos décadas. De hecho, las cuentas son claras y con un solo año de uso de la recaudación del impuesto de carburantes se podría cubrir el presupuesto de mantenimiento de las carreteras durante once años.