El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado a la Autoridad Laboral Europea (ALE) su voluntad de participar en las inspecciones concertadas y conjuntas junto a otros Estados miembro para luchar contra las malas prácticas en el sector del transporte de mercancías por carretera. El objetivo de este proyecto es luchar contra las empresas buzón y las prácticas ilegales que se dan en la actividad a través de un modelo cooperativo de control de la normativa laboral por parte de los Estados miembro de la Unión Europea.

Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y María José Rallo en calidad de secretaria General de Transportes y Movilidad han mantenido una reunión con Cosmin Boiangiu, director ejecutivo de la ALE, para trasmitir el apoyo del Ministerio de Transportes al proyecto del coordinación y cooperación de las inspecciones a empresas fraudulentas de la Unión Europea en el esfuerzo por acabar con las empresas buzón y acabar con las prácticas ilegales, sobre todo en cuestiones transfronterizas de movilidad laboral.

Las representantes del Ministerio han destacado la importancia de que la Autoridad Laboral Europea realice campañas de información y seminarios coordinados para la divulgación de la normativa de los trabajadores desplazados entre las empresas de transporte, más allá de las propias campañas de inspección concertadas y conjuntas entre los Estados miembro. Además, también se busca un modelo para la formación conjunta del personal participante en las inspecciones que lucharán contra las empresas buzón y los falsos autónomos que desarrollan de manera fraudulenta su actividad.

Además, se ha pedido a ALE que se de un impulso a los Planes Nacionales de Inspección por parte de todos los Estados miembro. A nivel nacional, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, firmaron en julio un Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación funcional y operativa en la lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera, la economía sumergida y la competencia desleal.