El cambio de titularidad que se ha dado en la cartera del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana parece no haber afectado a los objetivos del Gobierno central. De hecho, la nueva ministra Raquel Sánchez ya ha dejado claro en una de sus primeras intervenciones que «el Gobierno articulará una propuesta para la tarificación de la red viaria que se someterá a diálogo transparente entre los grupos políticos, los agentes sociales y las administraciones». En definitiva, todo sigue en el mismo sitio.

Aunque era improbable que la llegada de Raquel Sánchez al Ministerio de Transportes pudiera hacer variar la hoja de ruta, esta posibilidad ha quedado descartada a las primeras de cambio. De hecho, la nueva ministra explica: «La viabilidad de las opciones para establecer el nuevo mecanismo de financiación de nuestro patrimonio vial, basados en los principios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental es clave. Queremos alcanzar una tarificación justa para todos los ciudadanos y equilibrada para todos los territorios«.

Más allá de la evidente continuidad en la apuesta del Gobierno y del Ministerio de Transportes en este aspecto, Raquel Sánchez ha querido argumentar la necesidad de utilizar un modelo de pago por uso de las autovías asegurando que «el pago por uso forma parte de las políticas de la Unión Europea y es una tendencia consolidada en los países más avanzados. El Gobierno ve necesario abordar el debate sobre el futuro de la red viaria con el fin de cubrir una parte del presupuesto público para el transporte y otras necesidades».

De las palabras de Raquel Sánchez no sólo se deduce que el objetivo de la tarificación de la red viaria sigue vigente, sino que todo está en marcha para que se pueda alcanzar. Una situación que promete ser realmente controvertida, pero que el Ejecutivo quiere sacar adelante ávido de fondos con los que cubrir ciertos agujeros. Por eso, la liberación reciente de ciertas autopistas tras el fin de las concesiones no parece más que un paso intermedio para que estas carreteras vuelvan a ser de pago con peajes que cobrará directamente el Gobierno o, en su defecto, las Comunidades Autónomas.