Las grandes empresas de logística y de transporte deberán notificar el grado de sostenibilidad de su actividad productiva en sus informes corporativos anuales. Así lo define el texto de una reciente regulación aprobada por la Unión Europea, si bien la normativa define que sólo están obligadas a hacerlo las compañías sectoriales que tengan una plantilla de más de 250 empleados, activos por valor de 20 millones de euros o un volumen de negocio de 40 millones de euros al año. El resto de compañías están exentas de realizar la notificación del grado de sostenibilidad.

El Reglamento 2020/852 de la Unión Europea establece la taxonomía y el procedimiento que deben seguir las compañías que se ajustan a los baremos mencionados a la hora de presentar en sus informes corporativos la proporción de sus actividades consideras como sostenibles. El objetivo de esta medida es que las compañías, tanto del sector logístico y del transporte como de otros, con un alto volumen de negocio, gastos de capital y gastos operativos muestren una cierta alineación con los objetivos de la Unión Europea en torno a la transición ecológica.

En términos prácticos, el nuevo requisito a la hora de definir lo que se entiende por actividad económica sostenible en los informes anuales de las empresas afecta a las compañías a las que atañe la Directiva Europea de Información no financiera. Grandes multinacionales y empresas están sujetas a la misma, no así el grueso de las empresas de transporte de mercancías por carretera, ya que gran parte del sector queda definido por autónomos, pymes y empresas con un volumen de trabajadores reducido.

Con todo y más allá de esta medida, el transporte de mercancías por carretera está ‘señalado’ como uno de sectores que debe aplicar medidas más drásticas para conseguir adecuarse a los objetivos de la transición ecológica. Una situación compleja, ya que la fuerte inversión para llevar a cabo esta evolución puede ser demasiado grande para un grueso importante de las empresas de un sector que, a su vez, se antoja fundamental para el correcto funcionamiento de la actividad económica.