El pasado 16 de junio entró en vigor en todo el continente el Reglamento europeo que define y establece el conocido como ‘Pasaporte Sanitario’. Este documento está diseñado, en teoría, para facilitar la movilidad de las personas en todo el territorio de la Unión Europea. Y decimos en teoría porque incomprensiblemente su diseño tiene muchas aristas por resolver. De hecho, el ‘Pasaporte Sanitario’ no contempla ningún tipo de excepción para colectivos profesionales con alta movilidad y de vital importancia como el de los transportistas profesionales.

Aunque es cierto que la aplicación de la normativa del ‘Pasaporte Sanitario’ está siendo más o menos laxa por parte de algunos países, otros no están entendiendo la especial situación que viven los transportistas profesionales dedicados a servicios internacionales. Así, países como Italia han decidido eximir a los conductores profesionales de la utilización del también llamado certificado COVID, mientras que otros países como Francia están exigiendo el mismo de forma totalmente indiscriminada al cruzar la frontera. Una circunstancia que entorpece gravemente el transporte de mercancías por carretera.

Aunque existe sobre el papel un marco regulatorio armonizado para la expedición, verificación y aceptación del también denominado ‘Pasaporte Sanitario Europeo’, la aplicación del mismo está siendo interpretado de forma muy distinta por algunos de los países de la Unión Europea. Países como Italia están apostando por facilitar el transporte de mercancías por carretera eximiendo a los conductores de presentar este documento al cruzar sus fronteras, definiendo el control de su actividad con una simple Declaración de Desplazamiento, ya sea online o en papel.

Sin embargo, Francia ha apostado por aplicar la normativa de forma literal, estableciendo la obligatoriedad de presentar el certificado COVID no sólo en los pasos fronterizos, sino también en el acceso a establecimientos de restauración, centros comerciales, hospitales o para viajar en tren, autobús o avión en trayectos de larga distancia. Una situación que complica el normal desarrollo del transporte, ya que además los códigos QR de los certificados COVID de algunas Comunidades Autónomas españolas no son legibles en el sistema utilizado por las autoridades francesas.