Francia ha acabado con todas las dudas que había en torno al peso máximo para el transporte transfronterizo. Y es que con la normativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 encima de la mesa, el peso máximo de los camiones para el transporte internacional se mantiene en las 40 toneladas, tal y como señala la Directiva Europea de Transporte 96/53/EC. Fruto de esta edición, el uso de camiones de 44 toneladas queda restringido a los servicios de transporte nacional.

Francia ha mantenido una postura clara respecto al transporte de mercancías por carretera en los últimos años. Desde 2013, la normativa del país vecino permite la circulación de camiones con un peso máximo de 44 toneladas para el transporte nacional. Sin embargo, la realidad no era exactamente como marcaba la normativa ya que los camiones de 44 toneladas se han utilizado de forma regular en servicios de transporte entre Francia y Benelux, lo que servía para desplazar a los transportistas y empresas de transporte que sí cumplían con la Directiva europea y usaban camiones de 40 toneladas.

Por este motivo, había dudas dentro del sector sobre la aplicación de la nueva normativa, ya que esta podía abrir las puertas al uso de camiones de mayor peso máximo para el transporte nacional. Sin embargo, Francia se mantiene firme en su apuesta y limita el peso máximo de los camiones para el transporte transfronterizo a 40 toneladas, mientras que los vehículos de un peso máximo de 44 toneladas quedan destinados al transporte nacional. Sabiendo la situación que se daba entre Francia y Benelux, las autoridades harán un especial esfuerzo para atajar estas prácticas.

Y es que el uso de camiones de 44 toneladas para el transporte transfronterizo entre Francia y Benelux no sólo supone una infracción de la legislación de la Unión Europea, sino que dibuja una práctica de competencia desleal que deja fuera de la ecuación a los transportistas y empresas que sí cumplen con la normativa y usan camiones de 40 toneladas. Una circunstancia que ataja el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2022, ya que el texto ofrece mayor claridad sobre lo que está y no está permitido, incluso si existiera un acuerdo entre Francia y el Benelux que la Unión Europea no permite.