El Gobierno ha reforzado la inspección de trabajo en su lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico que se puedan producir en el transporte por carretera y, en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

Para ello, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han firmado un protocolo para mejorar la coordinación funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terrestre.

El protocolo prioriza el control de las empresas que no tengan a todos sus conductores dados de alta en la Seguridad Social o cursen fraudulentamente sus altas en otros estados miembros de la Unión Europea mediante la creación de estructuras empresariales sin actividad real, contraten a conductores a tiempo parcial cuando realizan jornada completa o bien utilicen falsos autónomos.

El objetivo principal es potenciar la eficacia de los mecanismos de control y reforzar los instrumentos de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales.

En este sentido, el Gobierno defiende dar un paso más para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector del transporte por carretera y en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector.

«La coordinación y cooperación entre ambas inspecciones es imprescindible para abordar un fenómeno tan complejo como es el fraude en sus diferentes manifestaciones, lo que permite desarrollar políticas públicas de prevención y corrección más eficaces«, asegura el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

La inspección prestará especial atención a aquellas empresas, denominadas empresas buzón, que han desarrollado regímenes de empleos complejos sin actividad económica real en el país donde tiene su sede y donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea donde realmente prestan sus servicios.

Para ello, utilizan fraudulentamente la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria para eludir las normas que resultan de aplicación.