El sector del transporte de mercancías por carretera, con FENADISMER a la cabeza, ha pedido hasta la saciedad que los transportistas profesionales sean un grupo de vacunación prioritaria. La alta movilidad de los chóferes y el propio desarrollo de su actividad han colocado en grave riesgo de contagio por COVID-19, algo que no ha parecido importar al Gobierno de España. Sin embargo, la Inspección de Trabajo sí ha hecho especial hincapié en que las empresas del sector cumplan las medidas de prevención contra el COVID, dibujando una desconsideración aún mayor con la actividad.

El sector del transporte de mercancías por carretera fue declarado actividad esencial al inicio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, con el inicio del proceso de vacunación, este papel tan importante fue olvidado por las autoridades y los transportistas profesionales no fueron declarados grupo de vacunación prioritario por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías autonómicas. Una situación que, unida a la propia naturaleza de la actividad, ha provocado que los conductores profesionales hayan sido uno de los colectivos con mayor índice de contagios, incluso por encima de los sanitarios.

En esta línea, el transporte de mercancías por carretera se considera especialmente agraviado por la actuación del Gobierno. El hecho de no tener a los transportistas profesionales como un grupo de vacunación prioritario se ha unido a la severa actuación que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo contra las empresas transportistas. Especialmente en el último mes, los agentes de la Inspección están realizando una agresiva campaña de control y verificación del cumplimiento de las medidas de prevención contra el COVID-19 que se aplican en las empresas con sus empleados.

En este aspecto, algunas compañías adheridas a FENADISMER han señalado que la Inspección de Trabajo está solicitado una exhaustiva y excesiva documentación del protocolo de prevención para evitar contagios de COVID-19. Con el ánimo de apretar el cerco sobre las empresas incluso se está solicitando documentación e información sobre los cursos formativos que han podido tomar los trabajadores en materia de riesgos laborales vinculados al COVID-19. Una situación en la que el transporte considera que está siendo señalado sin que previamente haya recibido un buen trato.