La eliminación del requisito de antigüedad máxima para acceder al mercado del transporte de mercancías por carretera en septiembre de 2020 ha provocado un auténtico aluvión de nuevos transportistas, dibujando una situación realmente compleja para el sector. La llegada de miles de nuevos ‘actores’ al escenario del transporte profesional ha provocado un desmesurado aumento de la oferta, lo que al final ha terminado de presionar los precios a la baja. Una grave situación que no tiene previsión de mejorar a corto plazo.
De hecho, FENADISMER ha publicado un informe en el que se refleja la entrada masiva de más de 4.2000 nuevos transportistas en el último año y medio como consecuencia en gran medida de la desaparición del requisito de antigüedad máxima. Un aluvión de nuevos transportistas que no sólo afectan al transporte ligero, quizá el modelo de transporte más permeable a esta práctica, sino también al transporte pesado ahora que no hace falta tener un vehículo con una antigüedad máxima de cinco meses para solicitar una licencia de transporte y ejercer la actividad.
Según explican fuentes de FENADISMER, a partir de los datos obtenidos en el Registro Oficial de Empresas de Transporte, en el último año y medio se han incorporado 3.700 transportistas al sector del transporte ligero, mientras que se han concedido hasta 600 nuevas licencias para el transporte pesado. Con estas incorporaciones, la flota de transporte en España ha crecido en torno a 15.000 vehículos, con más de 10.000 nuevos vehículos pesados y 4.800 ligeros. Un aumento desmesurado de la oferta en un momento de limitada demanda que provoca precios a la baja.
Por este motivo, FENADISMER sigue mostrando su más enérgica repulsa a la modificación de la ROTT provocada por la sentencia del Tribunal Supremo que elimina el requisito de antigüedad para entrar al sector. De hecho, desde la Federación se señala que esta medida provoca una mayor desregulación del sector, lo que a su vez va en contra de los objetivos de mejora a nivel medioambiental que persiguen tanto las políticas de la Unión Europea como del propio Gobierno de España, ya que el acceso al sector se está produciendo con vehículos de elevada antigüedad.